La ONU protegerá los océanos de la contaminación por plásticos
Tras casi diez años de acusaciones, reproches y “dimes y diretes” en el seno de la ONU, el debate sobre la protección medioambiental de las aguas internacionales tiene fecha de caducidad. La organización se ha fijado 2020 como fecha límite para aprobar un tratado jurídicamente vinculante, con los ojos puestos en la contaminación por plásticos, el cambio climático y la sobrepesca.
La primera ronda de negociaciones entre los países miembros dio comienzo el pasado 4 de septiembre en Nueva York. Una primera Conferencia Intergubernamental que durará dos semanas y que está previsto que abra un ciclo de cuatro rondas, que se desarrollarán aquí a 2020, para llegar a un acuerdo sobre la protección de la biodiversidad marina en alta mar.
La importancia de este acuerdo estriba en que actualmente, según informan los expertos, las aguas internacionales o “alta mar” representan más de dos tercios del total de los océanos. Una extensísima “tierra de nadie”, que comprende las aguas situadas a más de 200 millas marinas de las costas -370 kilómetros- de cada país, y cuya legislación y cuidado, naufraga.
Los diferentes acuerdos de regulación existentes son insuficientes e incompletos, y más allá de evidenciar la falta de cooperación internacional, exponen aún más la frágil biodiversidad marina frente a problemas tan latentes como la contaminación por plásticos.
Ya lo adelantaba la ONU en las celebraciones del Día del Medio Ambiente 2018: el vertido descontrolado de plásticos a los océanos ya afecta a más de 600 especies marinas y un 90% de las aves marinas han ingerido plásticos. Unos índices de contaminación que han llevado a los fondos económicos a lanzar la voz de alerta sobre el impacto negativo de esta situación en la actividad económica global.
Esto hace que otro de los grandes puntos de debate en la ONU sea la creación de un sistema de estudio y análisis del impacto ambiental en las aguas internacionales. Falta por comprobar si todas estas llamadas de atención se materializan en una legislación global, jurídicamente vinculante, que imponga programas, límites y acciones concretas.
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Fuente: EFE
